Título: El principio de Informalismo y el gestor procesal en el procedimiento administrativo
Autor: Stefanelli, Carlos A. R. 
Publicado en: Sup. Doctrina Judicial Procesal 2013 (diciembre), 02/12/2013, 37
Cita: TR LALEY AR/DOC/4303/2013
Sumario: I. Prefacio. II. El caso. III. Informalismo. Principales aspectos. IV. El gestor en el proceso administrativo. V. El informalismo en este caso. Limites al mismo. VII. Posible solución de caso. VIII. Colofón (nueva visión).
I. Prefacio
Sabido es que el procedimiento administrativo, se encuentra gobernado por una serie de principios rectores que orientan las acciones de la administración.
Uno de ellos es el de Informalismo a favor del administrado, el cual tiene por finalidad establecer cierta laxitud para atemperar el rigor formal, inherente al proceso judicial.
Siempre se buscan mecanismos para que en definitiva el administrado pueda acceder a realizar un reclamo y encontrar una primera respuesta de Estado, más allá de la posterior vía judicial, en su caso.
El presente trabajo tiene por objeto analizar un caso en el cual entran en juego distintas situaciones y variables a considerar.
También pretende establecer una nueva visión del mismo, a la luz de los tiempos que corren, intentando instalar una postura superadora de otras más clásicas, aunque veremos si esto es posible.
Analizaremos los límites al mismo, y cómo debería jugar frente al instituto del gestor procesal, para desembocar en una posible solución del caso, con sus correspondientes efectos.
Por supuesto, se analizará el instituto congregante en la doctrina y la jurisprudencia para actualizar y sistematizar los principales conceptos asociados al mismo.
II. El caso
Se trataba del reclamo de un cliente, por ante un Organismo Público, alegando que la facturación de un servicio, era desproporcionada en relación a sus consumos ordinarios.
La Autoridad interviniente, en primer grado, desestimó el mismo y el autorizado del titular de aquél, impugnó la Disposición de mérito.
En dicho contexto, al momento de resolver, se observaba que la autorización obrante en las actuaciones, sólo permitía al Señor JG, presentar escritos suscriptos por el interesado, titular del derecho de reclamar (Señor AEM), de lo cual se infería, que el citado JG, de conformidad a las constancias agregadas a la causa, no revestía la calidad ni de representante legal, ni convencional del cliente de la prestadora.
En ese sentido, se observaba en dicha denuncia que la presentación obrante en el expediente administrativo, suscripta por el Señor JG, auto titulado Apoderado, no había sido rubricada por el Señor AEM.
Cabe destacar, que pese a las deficiencias detectadas con posterioridad, el órgano interviniente, al resolver la reconsideración impetrada por el mentado JG, habilitó la vía administrativa, razón que ameritaba el tratamiento del recurso jerárquico. (1)
En ese sentido ha dicho la Procuración del Tesoro de la Nación en reiteradas oportunidades, que en caso que la Administración haya habilitado el procedimiento recursivo, y estando firmes los actos que lo componen, no resulta admisible producir una retroacción que cambie su rumbo. (2)
III. Informalismo. Principales aspectos
El principio que nos congrega en este trabajo, siempre se concibe a favor del administrado, y tiende a que éste pueda lograr, superando los inconvenientes de índole formal, el dictado de una decisión legítima sobre el fondo del asunto, que plantea el peticionante ante la administración. (3)
Dicho instituto permite que el administrado quede excusado de la observancia de exigencias formales no esenciales, que puedan cumplirse a posteriori, ello así de conformidad al texto específico de la LNPA en su artículo 1º inciso "c".
Las formas no esenciales comprenden las llamadas irregularidades intrascendentes (4), que no provocan vicio alguno hasta los defectos formales que impliquen una nulidad relativa. (5)
En cambio los requisitos formales, que devendrían en vicios esenciales de forma (6), y que serían causa de una nulidad absoluta, no pueden ser excusados por la administración. (7)
Por aplicación de este principio, cualquier duda que se plantee en el curso del procedimiento, referida a las exigencias formales (cómputo de plazos, legitimación, decidir si el acto es definitivo o de mero trámite, calificación de los recursos, etc.) debe interpretarse a favor del administrado y de la viabilidad del recurso. (8)
Al propio tiempo que en el procedimiento administrativo se exigen las formas requeridas para cada tipo de acto, no tienen cabida en el mismo aquéllas formas creadas por la rutina burocrática o trasplantadas al proceso judicial civil o penal. (9)
Esto significa que la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial, prevista en el artículo 106 del RLPA, aprobado por decreto 1759/72, sólo procede a favor del administrado. (10)
La Corte Suprema ha dicho que frente al formalismo moderado (11), que caracteriza al procedimiento administrativo, resulta incongruente negar en él lo que está permitido en el ámbito de la justicia. (12)
Desde dicha perspectiva, la Administración debe encuadrar cada impugnación en la normativa procedimental de aplicación. Ello así, por el principio del informalismo a favor del administrado que consagra el artículo 1º, apartado c) de la ley 19.549, y además, por la teoría de la calificación jurídica, sustentada en el artículo 81 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, según la cual los actos tienen la denominación que corresponde a su naturaleza y no la que le atribuye la parte. (13)
Los recursos administrativos han de interpretarse no de acuerdo a la letra de los mismos sino conforme a la intención del recurrente. (14)
Que, también se ha dicho que este principio, apunta a sanear situaciones que eventualmente puedan originar la posibilidad de que el administrado pierda un derecho por el incumplimiento de una formalidad, situación que origina el deber de la Administración de optar por la solución que sea más favorable para el contribuyente.
Si el agente dejó vencer el "término perentorio" para presentar defensa y ofrecimiento de prueba en el marco de una actitud recursiva dentro del sumario, no resulta adecuado invocar luego el informalismo a fin de lograr su restitución, impugnar el rechazo de la formulación extemporánea o impetrar la nulificación del decisorio definitivo.
Toda la doctrina coincide en que el procedimiento administrativo cumple una "función de garantía" al proteger tanto al interés público como al particular frente a la ilegitimidad o inconveniencia del obrar de la Administración Pública. En cambio, en el proceso civil, el objeto de la garantía consiste en "asegurar la igualdad entre las partes" con arreglo a las reglas del principio de defensa.
Se reconoce, por eso, que el contenido del principio de igualdad se proyecta de modo diferente, ya que si bien el órgano administrativo debe mantener la igualdad respecto de pretensores que se atribuyen un derecho idéntico o contrapuesto, no hay técnicamente en el procedimiento administrativo igualdad procesal frente a la parte, a lo que contribuye la configuración de los poderes inquisitivos que se asignen a la administración y la posibilidad de hacer prevalecer la verdad material sobre la formal. (15)
Por lo antes dicho, el "principio de preclusión" está tremendamente debilitado en el procedimiento administrativo, desde que en principio, en cualquier momento se puede reabrir una etapa ya cumplida, o ampliarse la fundamentación del recurso. (16)
En esta misma línea de pensamiento el informalismo en favor del administrado conlleva un criterio de actuación que da preeminencia a lo sustancial, a la verdad objetiva, real, material, sobre la formal, aunque parezca paradógico.
Consecuentemente, como quedara dicho, cualquier duda que se plantee en el curso del procedimiento administrativo, referida a las exigencias formales (cómputo de plazos, legitimación, decidir si el acto es definitivo o de mero trámite, calificación de los recursos, etc.) tiene que interpretarse a favor del administrado y de la viabilidad del recurso en su caso. (17)
Para algunos autores este principio no rige cuando el administrado ha contado con asistencia letrada cuestión de por sí, polémica; no obstante, el fundamento del informalismo en favor del administrado no reside en la presunción que normalmente éste actúa sin auxilio letrado, sino en impedir que el procedimiento administrativo se constituya en una carrera de obstáculos, pues la administración, lejos de defender su interés particular o el de sus funcionarios, está atendiendo el interés comunitario.
IV. El gestor en el proceso administrativo
Debemos recordar que, los escritos, presentados en sede administrativa, a los efectos de realizar peticiones, deben estar suscriptos por el interesado, o quien acredite un interés legítimo, sus representantes o apoderados, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 3º y 15 del Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos (en adelante RLPA), aprobado por Decreto 1759/72, siendo dicha expresión extensible al escrito inicial como los posteriores. (18)
A su turno el artículo 32 del aludido Reglamento dispone que los representantes o apoderados, deben presentar los instrumentos que acrediten la personería, desde la primera gestión, situación que, como quedara dicho, más arriba, en el caso congregante, no se había dado.
Dado lo atípico de la situación, en lo que se refería al carácter del impugnante, y la importancia que revestía el contexto procesal, al tratarse de una Disposición que ponía fin al proceso administrativo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 106 del RLPA, pudo corresponder, al menos en términos especulativos, encuadrar al señor JG como gestor procesal, en los términos del artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN).
El mismo dispone: "Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos, podrá ser admitida la comparecencia en juicio de quien no tuviere representación conferida. Si dentro de los cuarenta -40- días hábiles, contados desde la primera presentación del gestor, no fueren acompañados los instrumentos que acrediten la personalidad o la parte no ratificase la gestión, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste deberá satisfacer el importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que hubiere producido".
Continúa, "En su presentación, el gestor, además de indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar, deberá expresar las razones que justifiquen la seriedad del pedido. La nulidad, en su caso, se producirá por el solo vencimiento del plazo sin que se requiera intimación previa".
Y finaliza, "La facultad acordada por este artículo sólo podrá ejercerse una -1- vez en el curso del proceso".
Respecto del carácter de gestor procesal, correspondía determinar, al momento de resolver la impugnación, si cabía aceptar esta figura ya que no se encuentra expresamente prevista en el Régimen de Procedimiento Administrativo, aprobado por el decreto 1759/72.
Sobre este vacío normativo, Tomas Hutchinson, en su libro Régimen de Procedimiento Administrativo (19) ha señalado: "El reglamento no ha admitido expresamente la actuación del "gestor" que prevé el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación.
Sobre el particular, Docobo (20) y Gordillo (21) señalan que aún careciendo de esta previsión expresa, cabe admitir la aplicación supletoria de la similar norma, usual en los códigos procesales civiles.
Hutchinson entiende que sólo en casos urgentes puede admitirse la intervención del "gestor". En general la urgencia tiene que nacer de hechos o circunstancias que impidan la actuación directa de la parte o presentación del documento que acredite la representación."
En el sentido indicado, de las constancias de la causa, se advertía sin hesitación, que el señor JG no se hallaba apoderado por el titular del servicio público, y que la no presentación del recurso, podía irrogar el consentimiento de la Disposición de mérito, si bien no invocó la aplicación del instituto en trato, la urgencia surgía de las propias circunstancias que ameritaron su presentación.
V. El informalismo en este caso. Limites al mismo
Que correspondía evaluar si la situación antes descripta (falencias en la presentación y convalidación transitoria de las mismas) resultaba congruente con el principio de informalismo consagrado por el artículo 1º inciso c) de la ley 19.549, y por ende, si podían de algún modo sanearse las inconsistencias.
Debe recordarse que dicho principio apunta a aceptar situaciones que eventualmente puedan originar la posibilidad que el administrado pierda un derecho por el incumplimiento de una formalidad, situación que origina el deber de la Administración de optar por la solución que sea más favorable para aquél, a través de mecanismos que tornan al procedimiento más laxo y flexible, como antes se expresara.
En ese sentido se ha aseverado que no debe observarse ni cuestionarse la falta de puntualidad o calificación jurídica de las peticiones, o el encuadre jurídico de los recursos (22), ni la equivocación del destinatario del remedio, ni la fecha de interposición del mismo, o de su notificación, debiendo entenderse en estos últimos supuestos que ha sido deducido en término. (23)
Corresponde aclarar que este principio excusa a los interesados la inobservancia de exigencias formales no esenciales (24), de tal modo que las esenciales, como se verá, debe cumplirlas, so riesgo de padecer las consecuencias de su omisión.
Que no obstante ello, la existencia de este principio rector no significa que el administrado puede incumplir libremente, y a conciencia pautas formales que lo inhibirían de realizar peticiones en una actuación, o situaciones en las cuales la Administración deba responsabilizarse por la desidia del peticionante.
En otros términos, la concepción del principio del informalismo, no puede llegar a extremos desmedidos o desorbitados; justificando el incumplimiento de las cargas y los plazos procesales, pues en el devenir formal administrativo carece de vigencia el capricho o el abandono del administrado.
En ese sentido se ha expresado que la aplicación del principio de informalismo en las actuaciones administrativas, no justifica el incumplimiento de las cargas y los plazos procesales, los que constituyen normas de orden y sistematización. (25)
Sobre el particular debe destacarse, en forma congruente con lo expresado supra que el Señor AEM, no se había presentado en las actuaciones, ni por sí, ni por apoderado, a punto tal que antes de la Disposición ahora en crisis, debió ratificar todo lo actuado por JG, beneficiado, a esa altura, claramente, por el principio en trato, o inconsistencias en el análisis.
Que también merece atención la circunstancia vinculada a la autorización mencionada al comienzo, puesto que de la misma se desprendía que las presentaciones debían estar suscriptas por el interesado.
De los hechos antes descriptos, surgía con claridad que el titular del servicio, aún siendo consciente de la necesidad de suscribir los escritos y la carencia de poder en debida forma a favor del Señor JG, se había desentendido de la defensa de sus derechos, temperamento que no podía admitir la administración al haberse traspuesto el límite razonable que exige el principio de informalismo, como antes se expresara, máxime, como en la especie, cuando se había cumplido con el objetivo de este principio, cual es, el dictado de una decisión sobre el fondo del asunto. (26)
En ese orden se ha señalado que "La reacción contra el formalismo es el informalismo, pero en forma alguna contra el incumplimiento de formas y plazos procesales esenciales que son normas de orden y sistematización procesal". (27)
En el punto, como se reseñara supra, no existía en las actuaciones ninguna duda entorno a la carencia de legitimación ni personería a favor del Señor JG, razón por la cual, ante la necesidad y obligación de la Administración de resolver lo peticionado (28) correspondía, por imperio del principio de legalidad, encuadrar la presentación impugnatoria, como la actuación de un gestor procesal (artículo 48 del CPCCN), en forma congruente con lo dispuesto por el artículo 106 del RLPA aprobado por Decreto 1759/72, y desde esa perspectiva, resolver el planteo del Señor JG.
VII. Posible solución de caso
Que a esta altura, cabría ya ir perfilando los fundamentos y demás disquisiciones para procurar una posible respuesta a esta situación.
Como se señalaba anteriormente, el principio causal de este trabajo, se halla altamente emparentado con el de legalidad, el cual ha sido concebido y entendido como la exigencia de la Administración de actuar de conformidad al ordenamiento jurídico vigente como bloque de legalidad, respetando los valores del sistema jurídico, con el objeto de asegurar plenamente la realización de las funciones estatales, constituyendo para la Corte Nacional uno de los principios capitales del Estado de Derecho. (29)
Que no puede concebirse el principio de Informalismo, como la obligación del Estado de estar corrigiendo al Administrado, o de algún modo tornándose ineficiente y burocrático, frente a defectos formales manifiestos, y que a la sazón, son conocidos por él, puesto que el principio de legalidad, le proporciona las herramientas para resolver, cual es su obligación, en cumplimiento de los fines para los cuales ha sido concebido.
Debe puntualizarse que unos de los requisitos formales vitales para la existencia del recurso es la firma de la parte interesada o su apoderado, puesto que de otro modo no habría verdaderamente manifestación de la voluntad recursiva o impugnatoria del titular del derecho (30), extremo como quedó dicho, no ha sido cumplida por el Señor AEM (titular del servicio).
Admitir un temperamento distinto, conllevaría adentrarnos en un proceso lento e ineficiente, de forma contraria al principio de celeridad que el mismo Reglamento reconoce.
Son los hechos los que activan las normas tornándolas aplicables o inaplicables, pudiéndose afirmar que el alcance de una regla y por lo tanto su sentido, dependen de la determinación de los hechos. (31)
Que sobre el particular, la Suprema Corte de la Nación ha sostenido que es principio básico de la hermenéutica atender en la interpretación de las leyes, al contexto general de ellas y a los fines que las informan (32) y que, en la interpretación de la ley no debe prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma. (33) También ha dicho que la hermenéutica de las normas constitucionales y legales no puede ser realizada por el intérprete en un estado de indiferencia respecto del resultado, y sin tener en cuenta el contexto social en que tal resultado fue previsto originariamente y habrá de ser aplicado al tiempo de la emisión del fallo judicial. (34)
Siguiendo este precedente del Tribunal Cimero, podemos señalar que no puede interpretarse que la finalidad de la norma que establece el Informalismo, pretende establecer un procedimiento de tal laxitud que contemple la displicencia del administrado en el ejercicio de sus derechos.
Por otro lado, admitir una interpretación de la norma amparando a ultranza al administrado, cuando se da el supuesto señalado en el párrafo anterior, conllevaría a un resultado irrazonable.
También merece destacarse en forma congruente con la doctrina de la Corte antes mentada que, no puede desconocerse el nuevo contexto de aplicación de la norma, el cual dista del existente al momento de su concepción original, puesto que no solo ha cambiado la gestión y calidad de la Administración Pública, sino el temperamento adoptado por los administrados realizando un sin fin de reclamos, que fuerza a la primera a reestructurar su concepción de informalismo, otorgando mayor responsabilidad al administrado, máxime, cuando éste, en todo caso, tendrá expedita las vías recursivas del procedimiento administrativo, y la vía judicial si se halla disconforme con la decisión de la administración.
Que finalmente, viene al caso señalar que la garantía de la defensa no ampara la negligencia de las partes, pues quien ha tenido amplia oportunidad para ejercer sus derechos responde por la omisión que le es imputable. (35) Admitir lo contrario en este caso, implicaría colocar en pie de igualdad al particular que se comporta en forma negligente respecto de aquel que actúa con diligencia para proteger sus derechos.
En ese estado de situación, aún admitiendo la buena voluntad de la Administración para encauzar las falencias habidas y descriptas, a través del instituto procesal del gestor, pareciera que no quedaban muchas alternativas para "salvar" al administrado.
Que en base a dicho encuadre normativo y fáctico, y en ese estado procesal (autos para resolver), desde la presentación por la cual se pretendía recurrir la Disposición de cierre de las actuaciones en Instancia Administrativa, ya habían transcurrido holgadamente los cuarenta días previstos en el Código de rito aplicable a la especie, sin que el Señor AEM ratificara lo actuado por su Gestor.
Por lo expuesto, podría entenderse que hubiera correspondido declarar la nulidad de lo actuado por el Señor JG, y en consecuencia, darse por decaído el recurso interpuesto, sin que se requiera intimación previa. (36)
Sin perjuicio de lo expuesto podría ensayarse una salida diferente, en base a lo dispuesto por el artículo 77 del RLPA aprobado por Decreto 1759/72, a través del cual cabría intimar al interesado por alguno de los medios autorizados por el mencionado Reglamento, o directamente con imposición de contenido, a efectos que ratifique la presentación recursiva antes referida, ello, bajo apercibimiento de tener por decaído el mismo, de conformidad a lo expuesto por Hutchinson en la nota anterior.
VIII. Colofón (nueva visión)
Guste o no, a partir de la década del 90, hubo una gran transformación en nuestro país, en términos políticos y económicos.
También se mostraron con nitidez, de manera secuencial, dos sistemas (ortodoxo y heterodoxo) los cuales, claro está, trajeron nuevos horizontes en términos de distribución, y redistribución de ingresos.
Esos cambios, fatalmente, como lo aprendimos en nuestros primeros años en la Facultad de Derecho, aparejaron nuevos marcos normativos, y la aparición de un nuevo Estado, con nuevos roles. (37)
Ese nuevo protagonista de una nueva "era" debió adaptarse a las nuevas circunstancias, y de hecho lo hizo, no sabemos, como lo señalaba implícitamente Cassagne en uno de sus cuantiosos trabajos, hasta donde y en qué sentido será finalmente la transformación a que hacemos referencia, sin perjuicio del atisbo de mayor intervencionismo que viene insinuándose desde hace un tiempo; esto por una parte.
Desde otra perspectiva, a nivel marco regulatorio de servicios públicos y en régimen de competencia, la experiencia del derecho comparado, muestra la inclusión de normas de procedimiento administrativo específicas en los nuevos esquemas normativos.
Por supuesto, habrá un plexo de procedimiento residual que cubrirá cualquier vacío normativo habido en el mismo.
En dicho orden de ideas, cabe formular el interrogante, con lógica, por cierto, si no ha llegado la manera de modernizar la interpretación de la normativa procesal en cuestión para ampliar los horizontes de los principios que informan a nuestro añejo Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Ello así teniendo en consideración el nuevo contexto de fuertes reclamos de los usuarios y consumidores de bienes y servicios de todo tipo y naturaleza, y el avance de la ley de defensa del consumidor respecto de los que brindan éstos.
Que es principio básico de la hermenéutica atender en la interpretación de las leyes, al contexto general de ellas y a los fines que las informan, y que, en la interpretación de la ley no debe prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma.
La hermenéutica de las normas constitucionales y legales no puede ser realizada por el intérprete en un estado de indiferencia respecto del resultado, y sin tener en cuenta el contexto social en que tal resultado fue previsto originariamente y habrá de ser aplicado al tiempo de la emisión de la Disposición de mérito.
No obstante ello, si bien se propugna una nueva interpretación, ello no debería conllevar la desnaturalización de los principios que consideramos estructurales para el proceso, puesto que éstos son una derivación de muchos de los derechos y garantías de raigambre constitucional.
En ese sentido, no puede interpretarse que la finalidad de la norma que establece el Informalismo, pretende establecer un procedimiento de tal laxitud que contemple la displicencia del administrado en el ejercicio de sus derechos.
También se deriva de lo expuesto en el presente trabajo, que si bien no hay un reconocimiento expreso del instituto del gestor en la normativa procesal analizada, la remisión al Código de Procedimientos del Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos, conlleva su virtualidad jurídica.
Por fin debe señalarse que el incumplimiento de la carga de confirmar lo actuado por el gestor, en el plazo de cuarenta días, trae aparejado la nulidad de lo actuado por éste, y por ende el decaimiento del derecho a recurrir una Disposición de mérito.
También la Administración, a fin de resguardar el derecho de defensa y la efectiva tutela administrativa, puede intimar al titular del derecho o quien haya acreditado un interés legítimo, a subsanar las falencias de su presentación recursiva, bajo apercibimiento de dar por decaído el derecho a hacerlo.
 (1) Conf. HUTCHINSON, Tomás, "Régimen de Procedimientos Administrativos- Ley 19.549", p. 365, Astrea, 7ª edición actualizada, Buenos Aires, 2003.
 (2) Dictámenes, 232:184; 236:257; 239:090; 241:249; 242:112; 247:479; 249:465; 255:586, entre otros.
 (3) Conf. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo - FERNÁNDEZ, Tomás R., Derecho Administrativo, t. II, p. 381, citado por CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, t. II, p. 529, 7ª edición actualizada, Lexis- Nexis, Buenos Aires, marzo de 2004.
 (4) Conf. MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, t. II, p. 129.
 (5) Conf. CASSAGNE, Juan Carlos, op. cit., t. II, p. 529.
 (6) Conf. CASSAGNE, Juan Carlos, Acto Administrativo, segunda edición, p. 288.
 (7) CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, t. II, p. 529.
 (8) Conf. CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, t. II, p. 529.
 (9) Conf. ESCOLA, Héctor, J., Tratado, p. 133.
 (10) Conf., CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, t. II, p. 530.
 (11) Conf., ESCOLA, Héctor, op. cit., p. 131.
 (12) Conf., CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, t. II, p. 530.
 (13) Dictámenes, 239:418, 241:226, 244:660.
 (14) conf. Dictámenes, 116:196.
 (15) CASSAGNE, Juan C., "Acerca de la conexión y diferencias entre el procedimiento administrativo y el proceso civil", LA LEY, 1990-C, 967.
 (16) Conf. FIORINI, Bartolomé, "Procedimiento administrativo y recurso jerárquico", p. 37 y ss., Perrot, Buenos Aires, 1971; CASSAGNE, Juan C., "En torno de la naturaleza del procedimiento administrativo y sus clasificaciones fundamentales", ED, 97-892 y "Los plazos en el procedimiento administrativo", ED, 83-898.
 (17) Ver CASSAGNE, ob. cit., Rev. La Ley, 1990-C, 967; ESCOLA, Héctor, "Tratado teórico- práctico de los recursos administrativos", pp. 230 y 233, Depalma, Buenos Aires, 1967.
 (18) Conf. HUTCHINSON, Tomás, Régimen de Procedimientos Administrativos, p. 256, 7ª edición actualizada, Astrea, Buenos Aires, Septiembre de 2003.
 (19) Editorial Astrea, año 2000, p. 262.
 (20) La actuación administrativa, J.A. Sección Doctrina, 1975, p. 519.
 (21) Tratado, t. 4.1. Procedimiento y Recursos Administrativos, punto 10.3.10, p. 44, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1988.
 (22) PTN., Dictámenes, 124:300; 131:334; 132:115.
 (23) Conf. HUTCHINSON, Tomás, op. cit., p. 43.
 (24) Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., sala IV, 11/2/86 in re: "Murchison" c. 10.352.
 (25) L.S. 183-364; 274-247.
 (26) Conf. Cám. Fed. Cont. Adm., sala II, 15/11/94 in re "Díaz"; LA LEY, 1995-E, 525.
 (27) FIORINI, Procedimiento Administrativo y Recurso Jerárquico, ed. 1971, p. 34 y ss.; L.S. 183-364.
 (28) Dictámenes, 210:355; 207:212.
 (29) CSJN, 19/11/92 in re "Naveiro de la Serna de López", JA, 1993-II-536, citado en HUTCHINSON, Tomás "Régimen de Procedimientos Administrativos", p. 41, Astrea, Buenos Aires, 2003.
 (30) Conf. GORDILLO, op. cit. t. 4.1., Capítulo III, p. 28 Nº 7.3.
 (31) Dictámenes, 245:280.
 (32) CSJN, Causa "Carlos José Outon y otros", del 29 de marzo de 1967, Fallos: 267:215.
 (33) CSJN, causa B.389.XXXV "Bustos, Vicente Amadeo c. Banco Central de la República Argentina s/cobro de pesos", del 9 de agosto de 2001, Fallos: 324:2107.
 (34) CSJN, causa S.351.XXXV "Sosa, Marcelo Claudio s/recurso extraordinario", del 9 de agosto de 2001, Fallos: 324:2153.
 (35) Fallos: 287:145; 290:99; 306:195, entre otros.
 (36) Conf. HUTCHINSON, Tomás, Régimen de Procedimientos Administrativos, pp. 277/278, 7ma. edición actualizada, Editorial Astrea, Buenos Aires, Septiembre de 2003.
 (37) Ver nuestro trabajo Servicio Público en LA LEY, 2009-A, 1261 y ss., y "Entes Reguladores y de Control" en Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, RAP, Año XXX-358, Sección Doctrina, pp. 7/37.